La caradura y poca vergüenza de los políticos riojanos

Si uno se puede reservar parte del sueldo a la hora de arreglarse los dientes o comprarse unas gafas, pues mejor que mejor. Eso es al menos lo que denuncia el PP de Logroño que están haciendo algunos miembros socialistas del Gobierno municipal echando mano de las ayudas previstas por el convenio de funcionarios para gastos sociales, entre los que se encuentran los del dentista o la óptica.

Según el Grupo Municipal Popular, varios concejales Ayuntamiento de Logroño (que gobiernan al alimón PSOE y PR) se han "aprovechado" del convenio para sus propios gastos.

A saber, el concejal de Patrimonio del Partido Riojano, Ángel Varea, por ejemplo, "ha pasado facturas de 1.200 euros por endodoncias, implantes y unas gafas nuevas".

Los concejales socialistas de Vivienda, José Luis Prado, Medio Ambiente, Concepción Arribas, y Juventud, Beatriz Arráiz, también se habrían puesto "lentillas y gafas a costa del dinero público", denuncia el concejal popular Javier Merino.

En declaraciones a El Semanal Digital, Merino aclara que estos "beneficios" están incluidos en el convenio para funcionarios municipales negociado y firmado por última vez en junio de 2009 y van desde ayudas para formación, hasta permisos de paternidad o maternidad o prestaciones por enfermedad.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se insiste a este periódico en que el convenio se aprobó cuando gobernaba el PP y que incluye a todos los trabajadores que reciben un sueldo del Consistorio. "También los órganos de gobierno tienen derecho a usar estos servicios", resaltan.

No obstante, Merino considera "un escándalo moral y ético" este hecho, especialmente "en este contexto de crisis" y ha pedido a los concejales "que devuelvan el dinero" y al alcalde, Tomás Santos, que "deje de firmar" estas autorizaciones de ayudas. Máxime, recuerda, cuando la semana pasada se recortaron las ayudas a los parados y se eliminaron los pagos de horas extra a los funcionarios "por falta de dinero".

De hecho, aclara Merino, esta sería la primera vez que un concejal se acoge al convenio que regula las condiciones de la función pública. "Nunca, durante los años de gobierno del PP esto había pasado, que un concejal con dedicación exclusiva las 24 horas se beneficiara de los privilegios de los funcionarios, que cobran bastante menos". De hecho, matiza, "entendemos que no debe hacerse, porque un político ya tiene su sueldo de alto cargo".

Estaríamos hablando, por ejemplo, de los 53.000 euros que cobra Varea por ser concejal y vicealcalde, o de los 47.000 euros que cobran los demás ediles.

Según Merino, este tipo de dispendios vienen realizándose desde 2008, y el último del que tienen constancia es de enero de 2010. No obstante, en cuanto los detectaron, a través de las Resoluciones de la Alcaldía, dieron la voz de alarma. "Podíamos haber esperado hasta las elecciones y presentar gastos de más de 6.000 euros acumulados, pero hemos preferido sacarlo a la luz en cuanto lo hemos sabido", para que el alcalde deje de firmar estos gastos que no deberían ser tales.

Llueve sobre mojado, recuerda el concejal del PP, con un bipartito que recorta ayudas a los parados pero que compró Mercedes como coches oficiales, regaló entradas a todo el mundo para ver los toros en la Feria de San Mateo o mantiene dos gabinetes de prensa en el Ayuntamiento porque lo constituyen dos partidos... Y todo, se lamenta, en medio de una crisis galopante.

"Me estoy arreglando los piños gratis total, porque mi bigote y yo lo valemos".

Vía: elsemanaldigital.com

Yo iba para honrada... pero me quede en diputada

Leyre Pajín se queja, tal vez con razón, de que el montante de su salario mensual se haya aireado en algunos medios de comunicación. Se habló de que la secretaria de organización del PSOE trincaba veinte mil euros mensuales, limpios de polvo y paja, pero la propia interesada ha aclarado que no, que son sólo cinco mil.

A continuación ha aclarado que se embolsa otros 90.000 euros al año por haber sido Secretaria de Estado, pero eso no es un sueldo sino una indemnización que todos los altos cargos se embolsan durante dos años tras dejar el puesto.

Pajín es el ejemplo claro de por qué el sistema no da más de sí. Una señorita que no ha hecho otra cosa en su vida que medrar en un partido político, está con treinta y pocos años trincando doce mil euros mensuales del bolsillo de todos los españoles. Jamás ha trabajado, jamás ha tenido contacto con la economía real, no sabe lo que es una empresa, ni el esfuerzo que se necesita para sacarla adelante, no sabe cómo se crea un puesto de trabajo ni se ha presentado jamás a unas duras oposiciones. Su único mérito es ser socialista. 12.000 euros de trinque al mes, con dos...

Y si alguien la crítica es por machismo, como acaba de contar en su blog. ¿Y aún hay quién se pregunta por qué nos vamos al carajo a toda velocidad?

Por cierto, Leyre Pajín, el día 1 de mayo, sostenía una pancarta, junto a los líderes-estómagos agradecidos de CC.OO y UGT, en la que se podía leer POR UN SALARIO DIGNO. Sin comentarios. 12.000 euros al mes, la niña.

Ni un político jeta

No tiene mucho que ver con el blog, salvo el de denunciar un abuso que me indigna tanto a mi, como, creo, que a todos los españoles. ¿Por qué no nos organizamos de una vez y se monta una huelga general?


Los políticos cobran la pensión máxima cotizando solo durante 7 años

El portal Invertia, publica un interesante artículo de la firma de Larrauri & Martí Abogados en el que se explican con absoluta claridad las diferencias entre un ciudadano normal y la clase política a la hora de cobrar una pensión. Mientras el español de a pie debe cotizar 35 años para poder cobrar una pensión, los políticos simplemente deben hacerlo durante 7 años.

La primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.

Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.

Y este gran privilegio lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.

Curiosamente, esta pensión parlamentaria se establece según su “Exposición de Motivos” para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno.

Indemnización por cese del parlamentario

Más gracioso todavía es el motivo que indican para justificar la indemnización por cese del parlamentario. Según la Exposición de Motivos del Reglamento de 11.06.2006, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.

Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio mensual 4.000 €, tendrá la gran preocupación de que cuando cese su cargo no tendrá la prestación de desempleo, así que, claro, esto supone una gran problema, por ello se establece una suculenta indemnización por cese.

Además, también se establece la indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo.

La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.

Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración.

De manera que cuando el ministro cesa en su cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo y tal percibo de cantidades la podrá compaginar con la remuneración por diputado o senador y cuando cese en el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese que será una mensualidad por año de cargo y además tendrá asegurada la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.

Asimismo, podrá compatibilizar este mismo Ministro su indemnización por cesantía en el Parlamento europeo como es el caso de muchos ministros que cobran pensiones como ex comisario europeo por ejemplo compatibilizando esa pensión con su remuneración como ministro del Gobierno y cuando cese en ese cargo percibirá también la pensión del 80 % por cesantía como Ministro y así indefinidamente.

Visto aquí.